La película que Stone no pudo filmar: Ingrid libre!
Jueves, 07-03-2008, 1:10:02 am
Con el realismo mágico propio de la película que no pudo filmar el cineasta estadounidense Oliver Stone sobre la liberación de los rehenes en Colombia, el Ejército Nacional le asestó uno de los mayores golpes en su historia a las FARC: rescató con vida y sin disparar un solo cartucho, a 15 rehenes que estaban en su poder, incluida la preciada y aclamada Ingrid Betancourt.
La escena de inteligencia cuidadosamente planeada incluyó la infiltración del Frente I de esa organización guerrillera, cercano a los anillos de seguridad del Secretariado y los dejó sin una de sus cartas de negociación más importante: no sólo la ex candidata presidencial recuperó su libertad sino también los estadounidenses Mark Gonsalves, Keith Stansell y Thomas Howes, quienes pese a que los líderes guerrilleros alias “Sonia” y “Simón Trinidad” presos en EU, manifestaron su decisión de alejarse del canje para permitir el intercambio humanitario, eran el blindaje de las Farc ante futuras extradiciones.
El libreto de esta operación denominada como “Jaque” se comenzó a escribir el 4 de febrero de 2007 tras la fuga del Subintendente de la Policía Jhon Intendente Pinchao, quien trajo consigo valiosa información sobre la ubicación de sus compañeros de cautiverio. Luego de la liberación de Clara Rojas y del congresista Luis Eladio Pérez, ambas cerca del municipio Tocachipán del Departamento del Guaviare, los esfuerzos militares se enfilaron a esta zona con el ánimo de realizar un cerco humanitario en caso de que alguna falla se presentara.
Sin embargo el engaño a las Farc funcionó, logrando no solo que el grupo de los 15 rehenes que inicialmente estaba repartido en tres lugares diferentes fuera reunido en esta zona selvática, sino que se subiera junto a sus dos captores a un helicóptero cuyos tripulantes eran de una supuesta comisión humanitaria. La promesa de que serían trasladados a un campamento cercano al del Comandante Alfonso Cano para eventualmente entrevistarse con él por el tema del intercambio humanitario, terminó en efusivos gritos de libertad que se dieron cuando los cuatro actores parte de la tripulación confesaron ser en realidad miembros del Ejército. De haber descubierto los guerrilleros el papel que les asignaron a estos soldados, 33 helicópteros estaban listos para rodear la zona y presionar la liberación.
Fue tan impecable el operativo que hasta se respetó la vida de cerca de unos 60 guerrilleros que merodeaban la zona en una clara muestra de apego al Derecho Internacional Humanitario (DIH) de la que el Ejército ha carecido en muchos otros hechos incluidos el asalto al campamento de Raúl Reyes en Ecuador, que terminó con su muerte. "A la luz de las informaciones de que no hubo pérdidas civiles (en el rescate), las fuerzas de seguridad colombianas deberían de ser felicitadas por haber realizado una misión efectiva que ha respetado la ley humanitaria internacional", dijo al respecto José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas,
Las expresiones de júbilo de los 11 militares y policías que fueron hechos cautivos algunos hace más de 10 años en las tomas guerrilleras de Mitú y la Uribe, dieron paso a las esperadas declaraciones de Ingrid que fue secuestrada el 23 de febrero del año 2002, tiempo desde el cual su nombre fue pronunciado por decenas de Jefes de Estado, millones de ciudadanos del mundo, dos Papas de la Iglesia Católica y cuya imagen se convirtió en el referente del flagelo que significa para Colombia el crimen del secuestro.
Recordando su segunda prueba de supervivencia en la que pedía al Presidente Álvaro Uribe un rescate sin riesgos, agradeció al Ejército el haberlo logrado, habló de un país diferente desde la reelección, pidió a los presidentes Rafael Correa y Hugo Chávez que respeten las vías democráticas de una Colombia que “eligió a Uribe y no a las Farc” y envió emotivos saludos al presidente Nicolás Sarkozy y a sus coterráneos franceses incluso hablando en su lengua.
Pese a que reconoció su terquedad al elegir ir a la zona de San Vicente del Caguán durante su campaña de 2002 que terminó con su secuestro, aseveró que hoy en día lo volvería hacer si se tratará de refrendar un compromiso con una población que en ese momento era soporte de su filiación política, el Partido Verde.
Con un morral negro en el que cargaba un diccionario que pidió durante años y que apenas le fue entregado hace un par de semanas y unos jeans nuevos que solo accedió a ponerse una vez supo que venía camino a la libertad, Ingrid recordó que desde hace alrededor de un año comenzaron a llegar con dificultad los víveres al campamento, mientras escaseaban los artículos de primera necesidad. También dijo que los canales de comunicación en la guerrilla están cada vez más difusos y que hoy solo pide al Secretariado que no sean ajusticiados los guerrilleros que les cuidaban pues “también fueron engañados” con el film del Gobierno.
Aferrada a la oración durante su cautiverio y a las emisoras que han hecho una labor loable llevando mensajes de esperanza a los secuestrados, volvió a orar por los que se quedaron y agradeció a todos los que la mantuvieron viva, mencionando especialmente los cuidados del cabo William Pérez, quien también recobró la libertad al lado suyo.
Finalmente sobre la especulación de retomar su camino al Palacio de Nariño puntualizó que “sigue con la ilusión de servir a Colombia. Desde la Presidencia, sólo Dios lo sabe. En este momento sólo quiero sentirme un soldado más de Colombia al servicio de la Patria.”
No hay jaque mate… aún
No hay que desconocer que esta es una de las noticias más importantes y emotivas recibidas por Colombia y el mundo, pero vale la pena quitarse la camiseta del patriotismo y el triunfalismo para darle paso a las reflexiones.
En primera instancia no se puede minimizar la impresionante labor de inteligencia del Ejército, no solo por el rescate sino porque más que nunca creó la desconfianza entre miembros de las Farc, incluso en el Secretariado, al revelar el grado de infiltración al que ha llegado sus hombres. También por el mentado respeto al DIH y la captura de dos secuestradores que dado su lugar de operación, seguramente serán valiosa fuente de información para futuros operativos.
Por ello mismo es de esperar una reacción certera de las FARC. Muy probablemente con el ánimo de dar unos golpes de opinión que demuestren que no están derrotadas, realizarán atentados terroristas si bien no de grandes magnitudes, sí muy estratégicos. Y el hecho de que lo puedan hacer recuerda que este grupo tiene una capacidad enorme de reciclaje y de reclutamiento (la mitad de sus frentes están derrotados pero la otra mitad, aún cohesionados), que se atrinchera en las fronteras y desde allí se alimenta y que en el fondo tiene una larga vida útil que será siempre alimentada por el narcotráfico. Aunque sea el peor momento de las FARC, aún no hay jaque mate contra ellas.
En segunda instancia no hay que quemar la esperanza de los que quedan en la selva. La libertad de Ingrid luego del valor que había adquirido su persona no puede opacar el drama de más de 700 secuestrados que siguen en poder de las FARC, e incluso los cerca de 400 que se estima tiene el ELN en cautiverio y cuyas banderas solo parece tener erguidas la fundación País Libre que sigue exigiendo incluir el tema en las conversaciones que adelanta ese grupo con el gobierno en La Habana.
Esto significa que en nombre de esas víctimas no hay que descartar el intercambio humanitario. La salida militar demostró ser exitosa hoy, pero no lo fue en el caso del Gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria y su consejero de paz Gilberto Echeverry que fueron masacrados junto a ocho militares durante el rescate. Es posible además que las FARC tomen represalias contra quienes quedan y los sometan aún a condiciones más inhumanas como cuando decidieron en un pasado relativamente reciente ponerles cadenas. Si no se preservan esas vidas, la confianza en el Ejército puede rápidamente caer.
En tercer lugar y en línea con el cuidado de estos supervivientes no hay que desatender su salud mental y el apoyo psicológico y de contención que pueden necesitar, ahora que se verán enfrentados a una enorme y a veces dañina exposición a los medios de comunicación, El respeto por la privacidad de sus vidas y las de sus familias y por su tiempo de reacomodación a la civilidad después de estar privados por décadas de cotidianidades como un baño, una cama, la luz eléctrica, debe imperar sobre las agendas de información.
Una cuarta reflexión tiene que ver con el papel de la comunidad internacional. El operativo 100% colombiano que niega haber tenido apoyo de la inteligencia de Estados Unidos, deja mal parado a presidentes como Hugo Chávez y el propio Nicolás Sarkozy cuyo papel de intermediación se ve desdibujado, por lo menos momentáneamente, pese a que los delegados Noel Saenz de Francia, y Jean Pierre Gontard de Suiza, se habían reunido recientemente con Alfonso Cano. Si de esos diálogos no se desprenden liberaciones inmediatas, hecho remoto dado que Ingrid era el eje central de negociación, su papel se diluirá rápidamente.
Y un quinto pero no menos importante punto sobre el que meditar: Colombia no puede sólo impregnarse de felicidad, eludiendo y olvidando otros problemas. Ahora seguramente por un buen par de meses se desviará la atención de la opinión pública sobre el caso de la parapolítica, la condena contra Yidis Medina, parlamentaria que reconoció haber sido sobornada para cambiar su voto sobre la reelección, los procesos contra los paramilitares que se fugaron a EU sin reparar a sus víctimas, el aumento de las zonas de coca cultivadas en el país por la errada política de fumigación del Plan Colombia, los desplazados, los refugiados, entre otros males que aquejan al país.
Esta liberación es una “señal de paz”, como señaló la misma Ingrid. Pero nuestra convulsionada sociedad todavía tiene otros libretos que poner en escena y resolver. Hay muchas historias inconclusas por las que hasta el mismo Oliver Stone se animaría a volver.
Panel: Cubrimiento del Trauma y Desorden de Estrés Postraumático en periodistas
Martes, 07-01-2008, 2:16:46 pm
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Expositores
Jenny Manrique (Free Lance, Colombia)
Periodismo y Trauma: Un binomio desconocido en Latinoamérica.
Su experiencia en el cubrimiento del conflicto armado en Colombia, el efecto que produce en las víctimas de la violencia la forma cómo se les entrevista tras eventos traumáticos y el efecto que produce en la población la presentación de esta información, serán los contenidos de su charla.
También disertará sobre el por qué de la importancia de cuidar la salud mental del periodista. Su cobertura de la guerra colombiana comenzó en 2001 y desde entonces ha recibido reconocimientos como el Hellman/Hammet Grant de Human Rights Watch, la Ochberg Fellowship de Dart Center for Journalism & Trauma y recientemente fue nombrada Elizabeth Neuffer Fellow por la International Women´s Media Foundation.
Gustavo Sierra (Diario El Clarín)
El drama del regreso: el periodista afectado por TEPT.
En su exposición relatará su ejercicio como corresponsal de guerra en Irak y las consecuencias que traen a los reporteros cubrir eventos de extrema violencia. Tras casi 30 años en el periodismo, Sierra actualmente es Prosecretario de Redacción de la sección de Política Internacional del diario Clarín. Cubrió, entre otras historias, las guerras en Afganistán e Irak y las elecciones en Estados Unidos y México. Dentro de su trayectoria cabe mencionar su corresponsalía en la Casa Blanca y jefatura de la oficina de Washington de las cadenas de televisión CBS-Telenoticias y NBC-Canal de Noticias.
Pablo Biffi (Diario El Clarín)
Cobertura en situaciones de conflicto.
Su disertación abordará su experiencia en el cubrimiento de hechos traumáticos como enfrentamientos armados, conflictos sociales con represión, y violencia callejera en Latinoamérica. También sobre los riesgos de que el periodista se involucre demasiado o tome mucha distancia. Cómo mantener el equilibrio entre lo noticioso y lo morboso. Biffi trabaja desde 1992 en el diario Clarín de Argentina, medio para el que ha realizado 60 coberturas internacionales, todas en América Latina y el Caribe. Siempre se desempeñó en el área de política internacional. Durante un año y medio fue Editor de la sección El País. Actualmente es Editor de la sección El Mundo. Además, ha
publicado artículos en medios de Colombia, Perú, Brasil, Chile, España, Italia, Gran Bretaña y crónicas en la revista Granta, de Barcelona.
Gustavo Carabajal (La Nación)
Cobertura policial de las tragedias locales: Caso Cromagnon.
En su exposición contará cómo se realizó el cubrimiento de la tragedia más importante de la Argentina provocada por causas no naturales. Cómo fue el trabajo periodístico en medio de la muerte y la desesperación de los que sobrevivieron. El momento en el que se deja de lado al periodista y se quiere salvar vidas. El post Cromagnon y la tragedia continua. Carabajal trabaja hace 21 años en el diario La Nación y desde hace 16 se dedica a la cobertura de casos policiales, entre los cuales se destaca la tragedia de la AMIA y el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas. Recientemente fue a Chile a cubrir la erupción del Volcán Chaitén.
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El Secretariado está de luto… ¿y el país?
Lunes, 06-02-2008, 5:47:11 pm
Hace poco más de dos meses murió el máximo dirigente de las Farc, Pedro Antonio Marín quien usaba los alias de “Manuel Marulanda Veléz”, en honor a un dirigente comunista antioqueño de los años 30 asesinado por la derecha en los 50 y “Tirofijo” por aquello de que donde ponía el ojo, ponía la bala. Exactamente sucedió el 26 de marzo, dicen las Farc que “por un infarto cardíaco, en brazos de su compañera, acompañado de su guardia personal y de sus compañeros". Dice el gobierno a través de su ministro de Defensa Juan Manuel Santos, que no se descarta que fue una baja militar ya que en “esa época hubo operaciones importantes contra sus campamentos”.
Y añade el funcionario, envalentonado sin duda por los últimos reveses para la cúpula de la organización guerrillera que este año ya ha perdido a tres miembros (Además de Marulanda, Raúl Reyes fue asesinado en un campamento en Ecuador e Iván Ríos traicionado por su lugarteniente) que ojalá las FARC “tuvieran el decoro y la trasparecía de permitir una autopsia para ver cuales fueron las verdaderas causas de su muerte”.
Merced a no desconocer los aciertos de inteligencia que en este caso permitieron que llegara a oídos del gobierno no solo la noticia de la muerte sino la fecha y la hora, en un país que ya había matado a Tirofijo decenas de veces, la primera en 1965, se le olvida al ministro que el guerrillero más viejo del mundo con 44 años de lucha, era el líder de la guerrilla más vieja del mundo en el conflicto armado interno más antiguo del hemisferio occidental y con un poder de cohesión sobre el que giraban las decisiones políticas y militares de las Farc. Una exhumación de cadáver no seria otra cosa que una profanación sobre el mito.
Por supuesto que, tras las pretensión de hacer pasar esta muerte como un acierto de la política de seguridad democrática (clásica mentira uribista), el siguiente paso no podía ser otro que enfilar las presiones militares contra el secretariado y los anillos de seguridad del extinto lider. Por ello nada menos que cuatro brigadas móviles del Ejército apoyadas por hombres de la Fudra (Fuerza de Despliegue Rápido) ya fueron destinados a la búsqueda del cuerpo del comandante en la zona de Papaneme, Meta. Allí seguramente aparecerán miles de informantes, muchos ávidos de dinero, dando pistas claves sobre los últimos pasos del que mucha gente en el país calificó con desdeño, como un campesino inculto peleando por un par de gallinas que perdió en un bombardeo en el Tolima.
Por lo que encarna su nombre, cuya imagen pública quedó grabada en la retina del país tras sus apariciones en San Vicente del Caguán, e incluso por su ausencia cuando dejó al Presidente Andrés Pastrana plantado en un acto masivo al inicio de las conversaciones de paz en mayo de 1999 (en lo que se conoció como la crisis de la silla vacía), es obvio que Tirofijo genere odios y pasiones.
Reconoce el mismo Pastrana que era él quien impulsaba y llevaba adelante buena parte de las negociaciones que pretendieron embarcar al país en una solución política al conflicto, pero terminaron en un fracaso de la bandera blanca y un empoderamiento militar y estratégico de las Farc. El ex presidente sostiene que Tirofijo era siempre el portavoz y tomaba las decisiones finales, pero añade que cometió un error muy grande pues “tuvo la oportunidad de pasar a la historia como un hombre de Paz, pero hoy Marulanda muere simplemente apenas como un guerrillero y lo único que dejó en su pasaje por Colombia fue violencia, muertes, secuestros y narcoterrorismo”.
“Un simple guerrillero” nacido en 1930 en Génova, Antioquia que se lleva a su tumba más de medio siglo de historia marcada por una lucha estalinista que creyó en los más benévolos propósitos de la revolución y se desvirtuó por la industria del narcotráfico, el secuestro y el crimen. Lejos están hoy las Farc de ese 27 de mayo de 1964, día de su fundación, en el que Marulanda concretó su sueño de encauzar las autodefensas campesinas que combatían al gobierno conservador de la época en respuesta a la sentida muerte del líder del Partido Liberal Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948. Una muerte, dicho sea de paso, que hoy Colombia, 60 años después, todavía llora.
Desde entonces Tirofijo se echó al monte a vivir huyendo de lo que la rancia oligarquía llama la civilidad y el Estado Social de Derecho en un país que aún hoy en pleno siglo XXI, pone a paramilitares en el Congreso para tomar decisiones políticas y crear leyes. Ese campesino que se atrincheró en Marquetalia para no dejarse matar y le apostó a un proceso de paz en las tempranas épocas de Belisario Betancourt en los 80´s teniendo como base de conversaciones Casa Verde: un cuartel enclavado en las montañas de la Uribe, por el que, al igual que en el Caguán, desfilaron numerosas personalidades del país para la foto del recuerdo.
Padre de siete hijos reconocidos, entre ellos Olga Marín, compañera sentimental de Raúl Reyes, quien actúo en ocasiones como vocera de las Farc, Marulanda vio como sus intenciones políticas de regresar a la “civilidad”, se fueron extinguiendo con la muerte de más de 5.000 colombianos que se enfilaron en el partido de la Unión Patriótica y fueron perseguidos por el Gobierno y sus escuadrones de derecha.
Hoy, tras su deceso, dice el Ejecutivo que las Farc están derrotadas. Sin duda están arrinconadas y pasan por uno de los momentos de mayor debilidad en su historia (además de los dirigentes muertos ya mencionados, cabe recordar también las capturas de Simon Trinidad y Rodrigo Granda y las bajas de Martín Caballero y el Negro Acacio), pero eso no quiere decir que se hayan extinguido ni mucho menos que la salida de esta guerra sea militar. No importa que todos los desertores, incluida la jefe guerrillera Karina del frente 47 a quien se le acusa de haber asesinado a Alberto Uribe, padre del presidente, digan que se desmovilizaron por el acoso del Ejército. Hay un arraigo fuertísimo en las bases y un respeto sacrílego a lo que “un simple campesino”, que antes de revolucionario fue panadero, tendero, leñador y carnicero, hizo para mantener 40 años de lucha.
Pero también hay un golpe moral, que fue reconocido por el propio Alias Timochenko quien leyó un comunicado confirmando la muerte de Tirofijo, al tiempo que anunció su reemplazo: Guillermo León Saenz, alias “Alfonso Cano”. El ideólogo conocido por su formación en Derecho y Antropología en la Universidad Nacional y su participación en las Juventudes Comunistas (Juco), que dejó sus comodidades del exclusivo barrio Santa Bárbara al norte de Bogotá para irse al monte a fines de la década de los 70, es el nuevo comandante en jefe de las Farc. Una designación que algunos analistas conjuraron como un as político para futuras negociaciones, mientras otros tildaron como un nombre que genera divergencias al interior del Secretariado.
Aunque lideró las negociaciones de paz de Caracas, en 1991, y de Tlaxcala, en 1992, hay que recordar que Cano, fundador también del Movimiento Bolivariano hoy Partido comunista clandestino, es de la línea marxista-leninista ortodoxa y su ascenso no da garantías de diálogo menos frente a un gobierno que no cede un ápice a las pretensiones de despeje de dos municipios para la urgencia inmediata de diálogo: el intercambio humanitario.
No es un buen momento para las Farc, lo que tampoco quiere decir que sea un buen momento para el país, pues el financiamiento del narcotráfico siempre alargara la vida útil de la guerrilla. Esto no significa otra cosa para Colombia que la estela de dolor y muerte continuará; aunque en la historia reciente el secretariado está de luto, después de 50 años de lucha el país sigue viviendo sus duelos.
Green card para las víctimas del paramilitarismo
Lunes, 05-19-2008, 9:53:37 am
La única forma de creer, como lo hace ingenuamente el Presidente Álvaro Uribe (tengo fe que peca por ingenuo porque dice tener un corazón grande), en que la cercana y productiva cooperación con Estados Unidos en materia de extradición no va a afectar el juicio por delitos de lesa humanidad contra 14 jefes paramilitares, es que como parte de los acuerdos bilaterales ahora se regalen green card y pasajes gratis a Washington o New York, para que las 82.544 víctimas (reconocidas hasta ahora) del paramilitarismo en Colombia puedan ser parte en los juicios de sus principales victimarios que se volaron el viernes último en un avión de la DEA.
Eso sin sumar que un tratado de esa envergadura, tendría que incluir el traslado de la competencia de los jueces nacionales a los federales y una instrucción en la difícil materia de los derechos humanos, esa sobre la que alegan demócratas para trabar el TLC y unas cuántas organizaciones civiles, pero que en la visión norteamericana del gobierno Bush respecto a Colombia, ha sido reemplazada por la palabra narcotráfico.
Los grandes barones de los escuadrones paramilitares que inundaron de coca como lo hace la guerrilla, las calles de Maine y New Hampshire por igual, fueron extraditados a EU para que paguen, como es debido, por estos crímenes contra los ciudadanos adictos. Y obvio, es más importante que la justicia busque la reparación de un daño cerebral y neuronal tan profundo, que la de unas cuantas muertes que superan las miles, desapariciones innombrables y aparición de fosas comunes detestables (Hay 92.225 expedientes en la fiscalía en relación con los crímenes del paramilitarismo).
Tiene más relevancia que se haga una extinción de doinio por narcotráfico a los mayores usurpadores de tierra en el país, a que se les devuelva a sus reales tenedores o se use como parte de la reparación económica e integral que promete la mentada ley de Justicia y Paz.
Eso sin contar que muchos de sus bienes en los que en las regiones cocaleras por excelencia crece el maldito combustible de esta guerra, son producto del desplazamiento forzado que instauraron con terror en masacres como la de Mapiripán, El Aro, la Gabarra, Jamundí, cuyas víctimas, dicho sea de paso, han tenido que empeñar en no pocas ocasiones sus pertenencias para llegar a las audiencias públicas en ciudades capitales. Sin la green card, no les quedará otra que pasarse la frontera como los espaldas mojadas, dejando en empréstito hasta la poca dignidad que aún el gobierno no les ha podido quitar.
No obstante hay más razones. Hay que entender que Uribe quería salvar a estos delincuentes de que sus procesos pasaran a la justicia ordinaria por incumplimiento de las condiciones de reinserción (es decir, por seguir delinquiendo) donde en vez de la risible pena de 8 años que en honor a la reconciliación les puso Justicia y Paz (3100 de los 31.671 combatientes de 34 facciones que se desmovilizaron son acogibles a esta ley), podrían pasar hasta 60 años presos. Hay que darle sin embargo, un beneficio de la duda a este punto: en una cárcel colombiana con todo y condena de 60 años, se puede seguir delinquiendo, en una norteamericana, no. (No?)
Finalmente, si hay algo en lo que no cabe duda que la decisión fue fríamente calculada, es en la necesidad de enterrar el tema de la parapolítica. Fugadas las cabezas de la conspiración, delatores de todos aquellos políticos uribistas y cercanos que les dieron dinero para comprar unos voticos con la presión de las armas, es posible que la lista de 32 parlamentarios detenidos no se amplíe, aun cuando según el propio Mancuso, sus autodefensas eligieron al 35% del Congreso. Ni con traslado de competencias, un fiscal gringo podría siquiera pronunciar la palabra: Pa ra p o lí ti ca. (¿Parapolitics?, ¿For-politics?) No la volveremos a oír en mucho tiempo. “Hoy deben estar celebrando con whisky en la Picota” dijo acertadamente la analista Claudia López.
Es poco inteligente que después de una inversión de más de 100 millones de dólares en la desmovilización y reinserción a la sociedad de los paramilitares (presupuesto que este año aumentó en 40 más), un refuerzo de 235 fiscales y 1.215 investigadores a la planta que está juzgando los expedientes de estos crímenes, un lapo tan duro como el encarcelamiento del propio primo del presidente, Mario Uribe, por sus consabidos lazos con estos escuadrones de ultraderecha, el gobierno entregue su muy poca credibilidad de avances en la justicia nacional, dándole una bofetada a las víctimas que deberían ser su prioridad. ¿Cree ingenuamente el presidente que si los paramilitares apenas dieron dosis de verdad en el país, van a responder por delitos por los que ya no se les está juzgando afuera, y que si una víctima con green card incluida quiere saber algo de la ubicación de los restos de su familiar, “Cuco Vanoy” o “Gordo lindo”, van a salir prolijamente vestidos con su uniforme naranja a contestar preguntas a las que ya no están obligados? Ya me cuesta creer que Uribe tiene un corazón grande, pero me rehúso a pensar que pueda ser tan ingenuo.
Justicia perseguida
Viernes, 05-16-2008, 6:29:38 pm
Jenny Manrique. 13 Mar, 2008, Noticias Aliadas
Abogados de derechos humanos enfrentan amenazas
El 27 de febrero se cumplieron 10 años desde que Jesús María Valle Jaramillo fue baleado en su oficina del centro de Medellín, Colombia, por tres sicarios que le interrumpieron una vida entregada a la defensa de los derechos humanos en el noroccidental departamento de Antioquia.
Había denunciado la connivencia de miembros del Ejército y paramilitares en las masacres del Aro y la Granja, municipio de Ituango, ambas en 1997, y realizado múltiples acciones a favor de la protección de personas desplazadas o en situación vulnerable.
Una década después, con su lucha viva en la memoria de quienes lo conocieron y con una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado colombiano por la participación de militares en su muerte, la situación para los abogados de derechos humanos en el país es más que sombría.
Abogados Sin Fronteras-Francia documentó, con ayuda del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), 70 asesinatos, 8 casos de desaparecidos y 11 exilios entre 1990 y el 2004.
Asesinatos e impunidad
De acuerdo con la Asociación Colombiana de Abogados Defensores Eduardo Umaña Mendoza, los casos de asesinatos contra este gremio persisten al mismo ritmo que la impunidad. En el 2005 fueron asesinados 26 abogados, en el 2006, 23, y a setiembre del 2007 la cifra alcanzaba 12 muertes.
Desde el 2003 se han realizado en Colombia 10 misiones de la Asociación Americana de Juristas y de Abogados sin Fronteras-Québec para visibilizar la situación; la última en setiembre pasado.
Durante una semana los delegados internacionales se reunieron con profesionales de distintas regiones del país y organizaciones que los agrupan, para denunciar los actos de persecución, hostigamiento y crímenes que se cometen contra ellos en razón a su ejercicio.
“Recibimos testimonios venidos de lugares donde la mano de la justicia no existe, y además de la desprotección estatal, encontramos que la falta de colegiación hace que las organizaciones se atomicen y sean débiles frente a la defensa de sus propios miembros”, aseguró el jefe de la misión, el abogado argentino Ernesto Moreau.
Es tal la indefensión que a la fecha no existe en el país una causa abierta ni en la Procuraduría General de la Nación ni en la Defensoría del Pueblo por estos casos. Mientras las autoridades judiciales se excusan con la falta de denuncia, se estima un promedio de dos asesinatos mensuales por razones políticas.
Descalificación presidencial
El abogado Ernesto Moreno Gordillo, miembro de la junta directiva de la Asociación Colombiana de Juristas Demócratas y defensor de varios presos políticos, contó que luego de ser herido con cinco disparos en noviembre del 2005, “se abrió una investigación por los hechos pero hasta ahora no hay novedades. Tuve unas medidas cautelares gracias a los abogados de Québec, pero la Fiscalía luego no hizo nada. Yo mismo fui a exponerle los hechos al Fiscal [General de la Nación, Mario Iguarán]”.
En otros apartes del informe se menciona la estigmatización de la profesión, ya que se suele identificar al abogado con la causa de su cliente, incluso desde el propio gobierno.
“El presidente [Álvaro] Uribe plantea continuamente que los abogados son unos delincuentes y terroristas porque son cómplices de la guerrilla, principalmente si defienden presos políticos. Genera un ataque a la protección de la abogacía que viola toda hipótesis de que ésta es una justicia confiable”, precisa Moreau.
La descalificación presidencial más severa se hizo pública en julio del año pasado luego que la Corte Suprema fallara en contra de la Ley de Justicia y Paz —aprobada en el 2005, que permite la desmovilización de grupos paramilitares y la reducción de sus condenas a ocho años de cárcel—, sustentando que los delitos cometidos por las autodefensas no eran políticos ni de sedición, y por lo tanto no podían ser amnistiados. Uribe dijo que el máximo tribunal tenía “sesgos ideológicos en sus sentencias”.
La persecución se extiende por todo el país. En la zona comprendida por los departamentos de Santander y Norte de Santander y la Costa Atlántica, bajo dominio paramilitar, los abogados han tenido que mudarse de provincia o simplemente no asumir casos como la defensa de población indígena, civiles perseguidos por razones políticas o miembros de grupos guerrilleros.
En el sur colombiano, los abogados que asumen la defensa de la población que se está desplazando hacia Ecuador —se estiman en 400,000 los colombianos hacinados en la frontera — también son perseguidos. En esta zona las Fuerzas Armadas y la Policía son los mayores hostigadores.
Sin defensa
Las víctimas que participan en las audiencias contra miembros paramilitares bajo la Ley de Justicia y Paz se están quedando sin defensa, porque además de venir desplazadas de otras regiones y no contar con asesoría legal, los abogados prefieren no asumir sus causas para no ser convertidos en objetivo militar. Se niega así su derecho a verdad, justicia y reparación.
Para Leandro Despouy, relator especial de las Naciones Unidas para la independencia de jueces y abogados, “la principal herramienta que utilizan los violadores de derechos humanos es amordazar el ejercicio de la abogacía y esta degradación institucional debe ser vista como una alarma”.
“A los actores de la justicia sólo se les ha visto como parte de este engranaje pero no como víctimas de una persecución dirigida contra ellos”, afirmó. “Aquí hay un procedimiento que involucra la responsabilidad del Estado y de los actores armados que deben rendir cuentas frente a la opinión pública y debe servir de alerta para que los juristas latinoamericanos defiendan sus instrumentos de lucha”.
