Serie Investigación, Paramilitares en Santander I

Publicado el 1 de mayo de 2005

En julio del año pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en contra del Estado Colombiano por los hechos sucedidos en 1987 entre Puerto Araújo (Santander) y Puerto Boyacá (Boyacá), en los que fueron masacrados 19 comerciantes a manos de paramilitares en connivencia con miembros del Ejército. La dura sentencia fue recogida por una publicación de la Comisión Colombiana de Juristas que fue lanzada en el marco de la 18ª Feria Internacional del libro. Ésta es la historia.

Por: JENNY J. MANRIQUE CORTÉS

VANGUARDIA LIBERAL

Como una sentencia de muerte, Víctor Manuel Ayala Sánchez, se despidió de su esposa Sandra Belinda Montero aquel 6 de octubre de 1987, luego de compartir tres años de matrimonio.

Antes de partir hacia Cúcuta, ciudad donde recogería mercancías para llevar a Medellín, Víctor le aseguró a su mujer que ese sería su último viaje como comerciante, pues esa trocha que les conducía a la ciudad de la eterna primavera pasando por alto algunos controles de aduana, era claramente una zona roja, donde había presencia de guerrilla, paramilitares y ejército.

"Él tenía un poco de miedo, pero aceptó ir porque era buena plata y quería comprar una casita para su familia", dice su esposa Sandra en diálogo con esta redacción, quien aún no se considera viuda hasta el día en que encuentre los restos de Víctor.

Ella recuerda los hechos como si fuera ayer, a pesar de que ya han pasado casi 18 años con el mismo sufrimiento. Lo hace con una entereza admirable, la misma que tuvo por la época de la desaparición de su marido, para salir con su hermano a buscarlo. Ya habían pasado 15 días sin saber nada de él.

"A mi hermano le dijeron que fuera a recoger a Víctor porque se lo estaban comiendo los chulos. Así fue como cogimos camino hacia el sector y pusimos las correspondientes denuncias en la Policía de Puerto Boyacá y en el Batallón Bárbula. Luego llegamos a la Dorada, Caldas, buscando que alguien nos acompañara. Nos encontramos a Ferney Fernández. Ellos se fueron hacia la ‘trocha’ y a mi me tocó regresar al hotel, porque no cabía en la moto. No volvieron".

Sandra no olvida la camisa marrón que vestía su hermano Juan Montero, el día que lo vio por última vez. Recuerda también sus gestos de angustia por no saber del paradero de su cuñado, sus palabras, su ansiedad...

"Uno a veces quiere retroceder el tiempo y no puede, uno se aferra mucho a los ausentes. Solo Dios sabe la infinidad de cosas que he enfrentado", asegura Sandra, quien dice que en su caso particular, puso dos cuotas de dolor para una de las masacres más aberrantes de que el país tenga memoria.

La confesión de ‘Vladimir’

A su regreso al hotel Sandra encontró un misterioso paquete con dinero y unos pasajes para que se regresara a Bucaramanga. Hizo caso, pues tras días de búsqueda, esta vez de sus dos familiares, le habían advertido que si seguía investigando se la iban a llevar de ‘cocinera’.

¿Quiénes?

"Yo no sabía nada de la violencia entonces. Ahora con este peregrinaje terrible que hemos vivido, ya sabemos quién es quién, quien nos amenaza y por qué, ya los miedos se han ido. Pero en ese tiempo yo me sorprendí mucho cuando al indagar en el batallón de Bucaramanga, el teniente que ya me había encontrado en el Bárbula me dijo que si estaba preguntando por los guerrilleros que mataron".

Sandra quedó de una pieza. Con el paso del tiempo y atando todos los cabos legales, que incluyeron además la muerte de una comisión judicial que fue a investigar las desapariciones, en un hecho conocido como la masacre de la ‘Rochela’, entendió que el conflicto había tocado sus puertas.

Los tres carros que transportaban a los 17 comerciantes fueron conducidos hacia la finca ‘El Diamante’ del paramilitar Henry Pérez (hoy muerto), quien comandaba desde 1984 un grupo de autodefensa denominado ‘Asociación de Campesinos y Ganaderos del Magdalena Medio (ACDEGAM), con gran control en los Municipios de Puerto Boyacá, Puerto Berrío y Cimitarra, según consta en los informes entregados por el DAS.

"En esa finca los masacraron, los descuartizaron y luego los arrojaron al caño ‘Ermitaño’ que daba al Río Magdalena, porque decían que ellos vendían armas para los guerrilleros y no les pagaban impuestos. Todo esto lo contó Alonso de Jésus Baquero, alias Vladimir tras su captura, el está en una cárcel de Cali, y por su testimonio vinimos a saber todas las atrocidades que cometieron con nuestros familiares".

A Sandra se le eriza la piel al contarlo. No se puede imaginar la sevicia con la que a su hermano y a su esposo, les arrancaron cada uña, les cortaban los brazos, les quemaron las plantas de las manos y hasta les quitaron la cabeza.

Luego el tercer duelo vino con sus dos hijos, uno de ellos discapacitado, quienes no entendían que pasaba.

"A mi hija me toco llevarla a un entierro para que entendiera qué era la muerte. Entonces ella me decía: mi papá no se ha muerto porque no tenemos tumba para llevarle flores ni tampoco conozco su ataúd. Por eso seguimos hablando de él en presente, hasta que no tengamos sus restos", asegura con convicción, la misma que la acompañaba el día que rindió testimonio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica.

Allí le creyeron. También a las otras víctimas y por eso en su defensa dictaron una sentencia histórica, ejemplo para los activistas de derechos humanos en el mundo (ver recuadro).

Verdad, justicia y reparación

Luz Marina Pinzón Reyes, quien durante cinco años fue esposa de Juan Montero, el hermano de Sandra, también brindó su testimonio ante los siete jueces y los dos secretarios que en el país centro americano, le aplicaron al Estado colombiano sin flaqueza, la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Reconoce que lo hizo con temor, aunque hasta la fecha "no me ha sucedido nada extraño, solo un susto de una moto que me persiguió en una ocasión al salir de mi oficina, pero preferí no hacer escándalo sobre eso".

Para la fecha de los sucesos, Luz Marina ya se había separado de Juan, unión que dejó como fruto una hija, Dina Luz.

Ella, de tan solo cinco años, se vino a enterar de los hechos, 24 meses después, cuando viejos recortes de prensa comenzaron a aparecer ante sus ojos.

"Yo personalmente solo fui una vez al Batallón de Bucaramanga a buscarlo y cuando no me dejaron entrar, me dio mucho temor y me preocupe por proteger a mi hija. Ya con el tiempo me vine para Bogotá y desde aquí comencé la lucha".

Luz Marina describe a Dina como una niña callada e introvertida que quedó embarazada a los 15 años, por la falta de una figura masculina. Dice que solo usa ropa oscura "porque en el fondo no le ha podido guardar el luto a su papá (...) Ella me acompañó al lanzamiento del libro, pero ha preferido mantenerse alejada de todas estas cosas", relata Luz Marina.

Ella en cambio, se vinculó al igual que los demás familiares, a Asfaddes (Asociación de Familiares Detenidos y Desaparecidos), desde donde comenzaron la búsqueda y se contrataron abogados que adelantaron las investigaciones penales y administrativas.

Luego la Comisión Colombiana de Juristas, se constituyó en parte civil ante la corte, cuando las instancias nacionales se agotaron.

"Se comprobó que la masacre la realizaron los paras en connivencia con el Ejército y se abrió juicio a comandantes como el General Yanine, pero la justicia penal militar los absolvió. Eso fue una burla", apunta Marina con rabia en su voz.

Ahora con el fallo hecho libro en sus manos, sólo insiste en exigirle al gobierno que cumpla con toda la sentencia y que "lleve a la justicia ordinaria los verdaderos responsables. ¿Qué sacamos con que nos paguen tantos millones de pesos? Eso es un cuarto de la sentencia, hay que restituir la salud mental y la moral".

Para Sandra, quien aún se deprime constantemente, ese es precisamente el punto más álgido del fallo, pues luego de conocerse el monto con el que el Estado tendría que indemnizarlos (6.5 millones de pesos) "empezaron a llamarme a ver si ya tenía la plata, a chantajearme. Incluso vecinos venían a pedirme favores, a mi me tocó mudarme (...) Ahora pienso que no se trata de que me den algo, yo solo quiero verdad, justicia y reparación".

Cristiana sepultura

En el relato de Fanny Corzo, las palabras ‘cristiana sepultura’, también aparecen en repetidas ocasiones y con vehemencia.

"Ya se acerca la fecha del 5 de julio y se cumple así el año de gracia que la Corte Interamericana le dio al Estado colombiano para que cumpliera con sus obligaciones (...) Ya tuvimos que esperar 17 años para que el caso no quedara en la impunidad, ahora le toca al Estado darnos la oportunidad de ir a buscar a nuestros familiares y poder darles cristiana sepultura".

Su hermano Reinaldo Corzo Vargas, natural de San Gil, iba en la caravana de la muerte, que en ese octubre enlutaría a 19 familias. Transitaba por una ruta ya conocida, en la que no pocas ocasiones se había visto obligado a dar contribuciones económicas en retenes, de los que desconocía sus autores.

"Recién sucedidos los hechos varios familiares fueron a buscar a los suyos y tuvieron encuentros bastante duros con testigos de las muertes. A una maestra y a un señor del campo los mataron por hablar", dice Fanny, quien se enteró de la tragedia solo cuatro años después, pues se encontraba radicada en Venezuela.

"Yo no culpo a mis padres por no haberme enterado inmediatamente porque el sufrimiento de ellos era enorme. (...) Mi mamá estuvo a punto de perder la noción del tiempo. Ella lo soñaba (a Reinaldo), lo veía llegar, porque nunca lo creyó muerto".

Las 19 familias han aprendido a llevar el dolor ajeno como el propio. Varios parientes como Leonor Camargo, la madre de Álvaro Camargo, se enfermaron del corazón y murieron, mientras la esperanza se extinguía.

Los más pequeños, cuyo sustento recaía sobre aquel comerciante que nunca regresó, tuvieron que abandonar sus estudios, mientras las riendas del hogar las tomaban sus mujeres.

Muchos dejaron incluso de comer pescado, al pensar que estos animales que también llevaba el río, se habían comido los restos de sus familiares. Algunos otros, se refugiaron en la drogadicción.

Una familia entera, la de Antonio Flórez Contreras, se exilió en Canadá y ahora el Estado, debe garantizarle su regreso con todas las garantías de seguridad. Otros dos, Alberto Gómez y Húber Pérez, no tienen dolientes, por lo menos en grado de consanguinidad.

"Mi hermano era el sustento de la familia y desde su muerte no hemos recibido ni una sola ayuda del Estado, antes se han cerrado las puertas. (...) Ahora esperamos el acto de desagravio, el pedir perdón a las víctimas y sobre todo que estos hechos no se vuelvan a repetir a lo largo y ancho del país".

El lanzamiento del libro en Bogotá fue una excusa para encontrase de nuevo con sus compañeros de dolor, aunque cada octubre repiten el sagrado rito de ofrecer una misa en nombre de los desaparecidos.

"Allí los recordamos, pero también en cada cumpleaños y cada navidad, aunque las cosas jamás puedan ser iguales porque el dolor es perenne.

"El hecho de revivir la historia, sobre todo la forma como fueron mutilados, como les llenaron el cuerpo de piedras para que no flotaran, nos hace derramar más de una lágrima. Habría que tener un corazón de piedra para que no fuera así", anota Fanny, efectivamente, entre sollozos.

La semana del 23 al 27 de mayo, todas se unirán en la jornada internacional del desaparecido. Todas, recordarán de nuevo su incertidumbre.

La sentencia

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo jurisdiccional del Sistema Interamericano, responsabilizó el 5 de julio de 2004 al Estado colombiano, entre otros, por la violación de los derechos a la libertad, la integridad y la vida consagrados en la Convención Americana sobre DDHH, en el caso de los 19 comerciantes desaparecidos y asesinados por un grupo paramilitar en el municipio de Puerto Boyacá, el 6 de Octubre de 1987.

Según la Corte , con base en los elementos probatorios aportados a este proceso, el Tribunal considera que, en la época de los hechos relevantes del presente caso, el grupo "paramilitar que desapareció a los 19 comerciantes tenía estrechos vínculos con altos mandos de la Fuerza Pública de la región del Magdalena Medio, así como también recibía apoyo y colaboración de éstos".

La responsabilidad del Estado se deriva de la promulgación del decreto 3398 de 1965, vigente en el momento de la masacre, que permitía al Ministerio de Defensa autorizar a grupos de autodefensa el uso privado de armas reservadas para las Fuerzas Armadas.
Tras un infructuoso proceso ante la Justicia Penal Ordinaria y la Jurisdicción Penal Militar, por el múltiple asesinato solo fueron condenados tres de los autores materiales. Pese a la evidencia, la Jurisdicción Penal Militar exoneró a los únicos cuatro oficiales y suboficiales que fueron vinculados por la justicia ordinaria al proceso.

Son ellos el Brigadier General, Farouk Yanine Díaz, el Teniente Coronel Hernando Navas Rubio, el Mayor Oscar de Jesús Echandía Sánchez y el Sargento Otoniel Hernández.

La Corte asegura que las autoridades competentes no realizaron actos de búsqueda ni de identificación de los restos mortales de las 19 víctimas, ni sus familiares accedieron a protección ni justicia pronta y eficaz.

Por lo tanto, determinó que el Estado violó también los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Responsabilidades

En el fallo se ordena al Estado colombiano investigar efectivamente, en un plazo razonable, los hechos, con el fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de las violaciones cometidas y divulgar los resultados de la investigación; efectuar una búsqueda seria para determinar con certeza lo ocurrido con los restos de las víctimas y erigir un monumento en su memoria,.

Así mismo realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad y de desagravio en presencia de los familiares; brindar gratuitamente tratamiento médico y psicológico a los familiares de las víctimas; establecer todas las condiciones necesarias para que los familiares en el exilio puedan regresar a Colombia; garantizar la vida, integridad y seguridad de las personas que rindieron declaración ante la Corte y sus familias, y pagar las correspondientes indemnizaciones y los costos de las acciones judiciales y de otro orden en las que incurrieron los familiares.

Este último punto implica el pago de 50.000 dólares a cada uno de los hijos de las víctimas; 80.000 dólares a cada una de las cónyuges y compañeras; 50.000 dólares a cada uno de los padres; 55.000 dólares por concepto de los ingresos dejados de percibir por cada una de las 19 víctimas, y 8.500 dólares a cada uno de los hermanos de las víctimas.

También, 10.000 dólares por concepto de costas y gastos a la Comisión Colombiana de Juristas y 3.000 dólares al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

La sentencia se refiere a la detención – desaparición – tortura y posterior asesinato de Álvaro Lobo Pacheco, Gerson Rodríguez, Israel Pundor, Ángel Barrera, Antonio Flórez Contreras, Carlos Arturo Riatiga, Víctor Ayala, Alirio Chaparro, Huber Pérez, Álvaro Camargo, Rubén Pineda, Gilberto Ortiz, Reinaldo Corso Vargas, Hernán Jáuregui, Juan Bautista, Alberto Gómez, Luis Sauza, Juan Montero y Ferney Fernández.

Según, Carlos Rodríguez Mejía, abogado de la Comisión Colombiana de Juristas, "nosotros estamos en conversaciones con el Gobierno de Colombia, que ha mostrado la mejor disposición para cumplir la sentencia a través del programa presidencial para los Derechos Humanos. El gobierno no quiere incurrir en mora y esperamos que eso se materialice, que sea verdad".

Tras el conocimiento de la Sentencia , el presidente Álvaro Uribe aseguró que "fue una masacre registrada en el año 1987 y el nuestro es un país de leyes que respeta las decisiones de las cortes", comprometiéndose a revisar el fallo con sus ministros.
"La corte hace seguimiento de todas las decisiones del Gobierno que está obligado a cumplir la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que señala que las sentencias son de obligatorio cumplimiento para los Estados, inapelables y prestan mérito ejecutivo. De manera, que de no cumplirla corren los intereses en mora, y se podría iniciar un proceso ejecutivo contra el Gobierno", asegura Rodríguez, quien se siente satisfecho por el trabajo realizado hasta el momento pues después de 17 años "gente humilde logró con el apoyo de la comunidad internacional, lo que no se pudo hacer en las instancias nacionales".

La CCJ quiere que el libro se convierta en una pieza importante de revisión, sobre todo en el contexto de las negociaciones actuales con los grupo paramilitares pues, en palabras de Rodríguez, "nosotros estaríamos de acuerdo con la paz negociada con todos los grupos al margen de la ley, siempre y cuando las víctimas tengan voz y sus derechos no sean desconocidos"

Se espera que la publicación sea traducida al francés, al portugués y al inglés, visto que Universidades de Europa y del Reino Unido, "han mostrado especial interés en el tema de los grupos paramilitares en Colombia", puntualiza Rodríguez.