La ‘ley para’ en el norte de Bucaramanga
Martes, 06-05-2007, 6:55:08 pm
Serie Investigación, Paramilitares en Santander II
Publicado el 17 de julio en Vanguardia Liberal
Vanguardia Liberal habló con los habitantes de diferentes barrios de la zona Norte de Bucaramanga, quienes deben vivir bajo el yugo de grupos de Autodefensa. Su presencia es un secreto a voces. Allí, deben acatar normas que se inmiscuyen incluso en la vida privada de la gente. Esto fue lo que relataron.
En el norte de la capital de Santander, la gente tiene miedo. Cuando habla, lo hace en voz baja y en lugares previamente concertados. Alejados.
A pesar de que es un secreto a voces, la presencia de las Autodefensas en las comunas 1 y 2 que comprenden 53 barrios, muchos prefieren hacer caso omiso al tema, o simplemente se han acostumbrado.
"Aquí ya sabemos que a las 9:00 de la noche todos debemos estar en casa o si no, hay amonestación por parte de ellos. A dos jóvenes ya les raparon la cabeza hace unas semanas. Ellos saben que si hay una segunda falta, se los bajan", dice un habitante del sector, quien como todos los demás que hablaron a esta redacción, prefirieron mantener su nombre en reserva.
Ellos, esa gente, los que sabemos, los otros, son las denominaciones que utilizan los habitantes de esa zona de la ciudad para referirse a los miembros del Bloque Central Bolívar de las AUC, que vestidos de civil y a veces ataviados de mini uzi, recorren las calles de los barrios del sector.
Los barrios más afectados, según sus propios habitantes, son María Paz, Antiguo Kennedy, El Progreso, Villa María, Villa Rosa y Café Madrid,
En este último asentamiento, grupos de autodefensa al parecer solían reunirse todos los días a las 5:00 de la tarde, en un sector conocido como Los ’Costales, en grupos de diez.
"Así fueron mostrándonos que venían para quedarse. Ellos nos sacaron un día de las casas, nos reunieron allí y nos dijeron algunas reglas que hoy todo el mundo acata, porque ¿qué más podemos hacer?", añadió la fuente.
Su presencia se ha acentuado desde noviembre del año pasado, cuando comenzaron a aparecer los consabidos letreros de las Auc en las fachadas de las casas, de manera sistemática y numerosa. Pese al miedo, éstos fueron borrados para darle paso a la Navidad.
"Ellos siempre han estado lo que pasa es que ahora son como más organizados", asegura una mujer que lleva más de dos décadas en el Café Madrid.
Dice que los paramilitares llegaron a los barrios con una lista de los presuntos ‘delincuentes’ y subversivos a quienes iban a matar y que se movilizaban en carros de vidrios oscuros y polarizados.
"Ahora ya no necesitan hacer eso para amedrentar porque ya la ‘ley’ está dicha", asevera la mujer.
Nuevas decisiones
De la misma forma como penetraron las comunas de Barrancabermeja, las autodefensas están imponiendo su ley en el norte de Bucaramanga.
Según los testimonios recogidos por esta redacción, el primer paso es informar a los líderes cívicos sobre sus nuevas decisiones: acabar con delincuentes, viciosos, prostitutas, infieles.
"Imponen modos de vida y comportamiento. A las chicas les prohiben usar minifaldas y en ocasiones escotes. Se han venido metiendo tanto en los asuntos de familia, que por ejemplo cuando una madre no deja ir a su hija a vivir con el novio, le pide permiso a los paras (...) Sé del caso de una mujer que prefiere que el padre manosee a su hija que denunciarlo, pues éste la tiene amenazada con acusarla de infiel ante los paras", explica por su parte una trabajadora social del sector, que no pocas veces ha servido de oído para muchos ciudadanos desprotegidos.
Los castigos van desde la clásica rapada, hasta barrer cuadras enteras a determinadas horas de la madrugada. Golpes a los infieles y la muerte a los reincidentes.
Si los ‘desjuiciados’, optan por volarse del sector en vez de corregirse, los perjudicados son sus familiares, que pagan las consecuencias.
Hace pocos días, cuentan vecinos de uno de esos barrios, un celador fue asesinado mientras dormía pues a él sí lo habían desterrado del lugar por ‘guarapero’ (tomatrago). No hizo caso por no abandonar su trabajo, y luego de un plazo de 15 días (que es el que le dan a cada persona para ‘regenerarse’), perdió la vida.
Se sabe también que a muchas mujeres las reclutan para la prostitución; es decir aunque prohiben el oficio en las calles, ellos han llegado a regularizar el negocio para su provecho personal.
Se estima que en el sector hay decenas de miles de familias, incluyendo a la población desplazada por la violencia, que estarían sometidas directa o indirectamente a estas reglas.
¿Quién ejerce la justicia?
"Una de las graves consecuencias, es que nuestros niños están utilizando la presencia de esta gente para amenazar. Le dicen a sus amiguitos, si no me da su juguete le llamo al paraco", explica la trabajadora.
"Así la gente empieza a transgredir el sentido de justicia, porque si un actor armado le soluciona el problema, prefiere recurrir a él a no tener nada. El problema de la ausencia de Estado es grave", sostiene.
Es así como algunos lugareños ‘celebraron’ el hecho de que se hubiera detenido el robo de cables de teléfono, que ya había sucedido siete veces en la vía a Chimitá y dos en el Café Madrid. El servicio por supuesto, se restableció, pero, ¿a qué precio?
"Al medio día mataron a los ladrones delante de toda la gente en la calle", cuenta un joven del sector que refuerza la tesis de la experta.
"La gente se ha vuelto dependiente de ellos. Ya no llamamos a los policías porque los ‘paraguayos’ controlan toda la seguridad aquí. Un tiempo hubo muchos robos y la gente recogió firmas para que volvieran", cuenta.
"Ellos castigan a los basuqueros y ladrones pero hay veces que se han equivocado (...) A un muchacho lo torturaron poniendo su cabeza entre dos piedras para que hablara sobre los ladrones del barrio, él dijo unos nombres pero aún así le dispararon en la cabeza", agrega el joven.
La costumbre del silencio se rige por una ley elemental y cruda: "si ven un muñeco (muerto) no lo miren, métanse para la casa", es la consigna que estos grupos armados han enseñado.
Hay jóvenes que estarían siendo reclutados en una finca del Municipio de Rionegro por hombres del Bloque Norte, al mando de Jorge 40, a cambio de un sueldo de $500.000, un arma y por supuesto, la pertenencia a la organización.
"Créame que los muchachos no pueden decir no", asegura el joven.
¿Y las autoridades? El sector tiene la cercanía del Centro de Atención Inmediata (CAI) La Virgen y la Estación de Policía Kennedy. Según el subcomandante de la Policía de Santander, Coronel Nicolás Muñoz, en esta zona prestan vigilancia cerca de 150 hombres, repartidos en tres turnos de ocho horas (ver recuadro).
No obstante, los ciudadanos dicen que si bien antes bajaban dos o tres veces al día al Café Madrid, "ahora no se les volvió a ver", según testimonio de una ama de casa.
"Hay miedo para denunciar, eso es cierto. Pero las pocas veces que se ha dado aviso a las autoridades, cuando llegan a hacer los operativos, ellos (los paras) se desaparecen como si alguien les avisara. Salvo uno que otro muchacho con droga, nunca cogen a nadie importante".
Lo que sí aclara la mujer, es que nunca se les ha visto con brazaletes, porque "de todas maneras tratan de ser disimulados, ellos tienen muchos informantes y es probable que sepan que hasta yo estoy hablando con usted".
‘Donbernización’
Esta situación que se repite en muchas ciudades y zonas rurales del país, está siendo documentada de manera cuidadosa por un grupo de Ong’s que incluye a la Corporación Compromiso y a la Fundación Arco Iris de Bucaramanga, así como a investigadores de la Universidad del Rosario, la Universidad Nacional, y otras agencias de cooperación internacional.
La OEA también está poniendo su cuota de trabajo a través del programa llamado: "Seguimiento a los procesos de desmovilización, pactados entre el Gobierno y las AUC en Colombia".
A fines de agosto, se conocerán los resultados finales a través de cinco monografías de los sectores Norte de Santander y Santander; Antioquia, Medellín y Urabá; Magdalena, Cesar y Bolívar; Cauca, Valle del Cauca y Nariño; Bogotá, Meta y Casanare.
Los primeros hallazgos en la región oriental, concuerdan con la realidad de los habitantes de las comunas 1 y 2 de Bucaramanga.
"Aquí en la ciudad, en los sectores de La Cumbre, Bucarica, Comuna 1 y 2, están cobrando una vacuna diaria de $6.000 a todo tipo de negocio. En la comuna 3 hacen lo mismo con los negocios de mecánica y zapatería. Sabemos que en los lavaderos, les cobran $2.000 a los conductores de buses y hasta $8.000 si el dueño quiere negociar algún tipo de seguridad adicional, como que no sean atracados. A los taxis son $3.000", asegura el investigador delegado de Bucaramanga.
"Los vendedores ambulantes también deben pagar una cuota por el uso del espacio público", agrega.
Las investigaciones preliminares hablan de 250 hombres en el Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB), de cinco facciones del Bloque Norte y el BCB, quienes ejercen control administrativo y militar (tal y como hizo Don Berna en Medellín).
"Hasta ahora no hemos establecido que tengan vínculos con las fuerzas militares y la Policía, sino que el manejo es con las autoridades civiles que son permisivas. Es un poder mafioso que se mimetiza tanto, que involucra hasta a las organizaciones locales. Es lo que llamamos donbernización del conflicto".
Para Alfonso Conde, Director de la Fundación Compromiso, lo que está haciendo el paramilitarismo en la ciudad es "vincular a la gente con redes económicas ilícitas e ilegales, en las que la gente no se cuestiona por su necesidad"
Conde pone el ejemplo de las bombas de gasolina que venden el líquido robado del tubo, como otra forma de legalizar el dinero.
"Igual sucede con los apoyos políticos, ellos incitan o prohiben el voto en ciertos barrios, y esa es su forma ‘legal’ de hacer política sin ser candidatos", añade.
Lo cierto es que quienes están bajo el yugo de estos grupos armados, terminan obedeciendo a una serie de normas que si bien todos saben que no son legales, les garantizan por lo menos su bien más preciado: la vida.