Sigue lloviendo
Martes, 06-05-2007, 7:07:03 pm
Serie Investigación, Paramilitares en Santander III
Publicado el 14 de agosto de 2005
La comunidad golpeada por las lluvias torrenciales del 12 de febrero en Bucaramanga y Girón, lleva más de seis meses soportando los ecos del desastre. Problemas como la prostitución infantil y la venta de estupefacientes y hasta la presencia de autodefensas al interior de los albergues, completan un panorama que necesita intervención inmediata del Estado. Vanguardia Liberal lvisitó algunos de estos refugios y asentamientos de Girón y comprobó que en efecto, tal y como lo denuncia Pastoral Social, el tejido humano se está resquebrajando.
REDACCIÓN SÉPTIMO DÍA
VANGUARDIA LIBERAL
Desde la ventana de una casa en el barrio La Isla de Girón, se observa todo: un grupo de muchachos han adaptado las viviendas derruidas por la avalancha del Río de oro que el 12 de febrero corrió las riberas de forma impresionante, como su lugar secreto de reunión.
Entran en grupos de cuatro o cinco, consumen su ‘dosis’ personal, salen y vuelven a entrar. El humo y las risas expiran por un agujero que hace las veces de ventana, en una de las pocas paredes que se mantienen en pie después de la avalancha.
Al llegar la noche, la escena se repite, pero esta vez a los jóvenes los acompañan muchachitas que no superan los 15 años de edad.
Ellas venden su cuerpo por unas horas de placer para los adolescentes, que las someten a sus peticiones, y al final de la jornada se van con algunos pesos en los bolsillos.
Algunas parejas se meten entre los matorrales y otras prefieren hacer uso de ese lugar misterioso, que para los vecinos, ya no tiene nada de oculto.
"Eso es de todas las noches y como nadie les dice nada cogieron ahí ese hueco para hacer sus obscenidades", dice indignada una vecina.
Casi todos los lugareños son testigos del hecho, aunque del otro lado del río, donde las estructuras habitacionales no tienen mella del desastre natural, las versiones son ligeramente distintas.
"Esas niñas vienen de los albergues, porque aquí en el barrio hay un grupo de jóvenes que es como una mafia que va y se trae a las peladas. Ellos pactan en el encuentro y les dan una platica que sabemos de sobra que las niñas necesitan", asegura un vecino del sector, quien dice tener identificados a los tres muchachos, estos sí mayores de edad, que las han entrenado.
"Cuando las niñas salen de ahí bastante drogadas, se van hacia la autopista y paran varios taxis a ofrecerles sus servicios", completa el hombre que por razones de seguridad, prefiere mantener su nombre en reserva.
Aunque nadie en el barrio puede dar certeza de si hay o no una mafia alrededor de estos hechos, cualquiera que pase por la cancha donde suceden, puede confirmar que se trata de menores.
"Yo no me atrevería a decir que violan a las niñas, porque yo veo que llegan ahí con su consentimiento. Pero sí es una situación que viene sucediendo de abril hacia acá, diría yo. Se nota que son niñitas como desplazadas, se ve por su ropa, pero no conozco sus rostros", afirma una vecina dueña de una tienda de abarrotes.
En los albergues que se alzan como viviendas de 5.000 familias damnificadas, algunos prefieren negar la situación o dicen desconocerla, pues luego de las denuncias que hiciera la Pastoral Social frente al tema, hubo gente que se retractó de lo dicho.
La mayoría tiene miedo, tal y como lo corrobora el propio Padre Fabio Enrique Osorio Toloza, delegado Episcopal de esta entidad en Bucaramanga, quien fue la voz cantante de esa situación.
"Nosotros recogimos muchos testimonios de los mismos habitantes de estos cambuches, que de por sí ya viven en condiciones deplorables y ahora se ven abocados a estas situaciones por la necesidad. Testimonios que nos confiaron y que es muy probable que no quieran manifestar a los medios", conceptúa el padre Fabio.
El sacerdote sostuvo que precisamente estas condiciones en las que no hay una vivienda digna y sí "mucha hambre", son las que propician que "gente sin escrúpulos se aproveche de la falta de dinero y ofrezca opciones como la prostitución".
"La exclusión social para estas personas es altísima y hay muchas jóvenes que están buscando es tener un vestido de marca para que dejen de señalarlas. Se dejan seducir por regalos ostentosos y por dinero", apunta el padre Osorio Toloza.
Los líderes de las Juntas de Acción Comunal de los barrios desaparecidos, hoy convertidos en 22 albergues a lo largo de Girón y otros cuatro en Bucaramanga, también negaron el hecho en una reunión con Vanguardia Liberal, aunque una madre comunitaria en uno de los asentamientos humanos incluso fue más allá.
"Yo he recibido testimonios de madres que acusan a sus esposos, de ser ellos los que dicen, pongamos a la niña a trabajar, la situación es de un desespero total", declara sin entrar en mayores detalles.
En otros alojamientos, la descripción de la situación exonera a los menores, pero no así a los mayores de edad.
"Aquí con los niños no se han metido, pero sí hay prostitución entre los adultos. Hay mujeres que se están prostituyendo. Es como producto del hacinamiento, de la estrechez en la que vivimos", concluye Fabián*, un vendedor de unos 40 años que comparte el asentamiento con 220 familias que como en la mayoría de los lugares donde pasan sus días y noches los damnificados, hay escasez de baños, comida y servicios públicos.
"El menor no es penalizado"
La otra situación, la de la venta de estupefacientes, sí es admitida sin pudor.
"Marihuaneros sí hay. Se vienen proliferando porque los jóvenes no hacen nada, y hasta para paliar el hambre les sirven las drogas", coinciden en decir los líderes de los sectores Altos de Andinas, Quebrada la Iglesia, Convivir, Nacional La Isla, Colinas de la Meseta, Valle de los Caballeros, El Cerrito, Las Marías y la Estanzuela.
"El problema es que ese descontrol lo que está propiciando es que se roben lo poco que tenemos. La gente en esos estados por un lado no sabe lo que hace y por otro, pues necesita vender algo para tener más droga", manifiesta Jairo*, uno de los líderes que cuenta que en una ocasión tuvo que llevar a sus hijos al hospital por una urgencia y al regreso encontró su rancho vacío.
"Nosotros hemos tratado de que no entren viciosos, pero estamos ubicados en un lugar que a nivel topográfico es en bajada y tienen muchos escondites. De todas formas usted sabe que son gente desempleada", añade un habitante de Hoyo Dos.
Algunas comunidades han optado por establecer puntos de seguridad y vigilancia para controlar a los delincuentes, e incluso en una ocasión "cogimos a uno y lo judicializamos, ya todos sabemos quién es y no puede volver", revela Jairo, explicando su nueva forma de justicia.
El padre Fabio sostuvo respecto a las ventas de alucinógenos que los niños también son usados para este propósito "y reciben unas comisiones sobre lo que vendan (...) Los mayores saben que el menor no es penalizado y por eso lo ‘utilizan’, por eso la veeduría (ver recuadro) busca educar a padres y adultos. El Estado tiene que hacer más presencia porque ¿de qué sirve una vivienda, sin un proyecto de vida?"
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Presencia paramilitar
En algunos asentamientos, tal y como lo evidenció la redada realizada el miércoles por Agentes de la Sijin, C.T.I. Fiscalía, y DAS en el norte de Bucaramanga, en la que se capturaron ocho presuntos miembros de las Autodefensas en lugares donde viven precisamente los damnificados, la presencia de estos grupos armados ilegales les está marcando pautas de vida.
En sectores como Convivir es un secreto a voces, aunque a la hora de confrontar a los residentes, ellos no hablan del tema.
"Eso lo sabemos todos, pero nadie con nombre y apellido se lo sostiene. Tal y como operan en todo lugar, imponen horas de llegada a los cambuches y esto es tan real, que hace poco tuvimos un campeonato de microfútbol femenino y las mujeres de ese sector no pudieron jugar porque los partidos eran muy retirados y tenían que llegar después de las 9:00 p.m. A esa hora ya no era permitida la entrada", explica Claudia*, una damnificada que pidió reserva de la fuente.
En uno de los cambuches visitados, un hombre de unos 40 años de edad cuenta que allí llegaron hace 15 días tres hombres de este grupo armado ilegal, los reunieron y les dijeron que "iban a acabar con esta guachafita de drogas y prostitución. Por eso hasta me parece bien que alguien ponga fin a tanto desorden (...) Yo mismo tengo un hermano que se la pasaba callejeando y ahora sabe que antes de las 10:00 tiene que estar adentro".
Incluso para las necesidades fisiológicas hay una hora establecida, porque los baños no pueden ser usados después de las 11:00 p.m.; nadie puede llegar borracho al lugar, a excepción de ellos, que toman en los negocios cercanos; y vicioso que aparezca "o se arregla o lo quiebran".
"El comandante que llegó acá, nos dijo que había padres muy alcahuetas sobre todo con las jóvenes que se prostituyen. Créame que eso se ha acabado y mejor porque es un mal ejemplo para todos. No ha habido castigos porque ellos (los paramilitares) llegaron hace poco, pero nadie quiere saber cuáles son los castigos", agrega la fuente.
Los lugareños que trabajan en ventas informales, en Corabastos o en oficios varios, y que cumplen su jornada en horario nocturno, hacen parte de una lista con permisos específicos para llegar cuando todos tienen sus luces apagadas y permea el silencio. Esta presencia aunque no es confirmada en todos los albergues, preocupa a las organizaciones no gubernamentales como Redepaz, que también han recogido múltiples testimonios, abrazados por el miedo y la censura.
Quejas permanentes
La realidad inmediata y que nadie desmiente, salta a la vista: El tejido social está destruido.
Hay asentamientos donde hay tres baños para más de mil familias y con un servicio de agua deficiente que obliga a que quien se quiera bañar, traiga la cantidad del preciado líquido que necesite.
En otros están mezclados hasta cuatro barrios diferentes que antes de que la fuerza de las lluvias los hiciera desaparecer por completo, tenían su propio espacio; hoy hay desconfianza entre vecinos.
"No sabemos quién es quién y nosotros peleamos por lo de nuestra gente", apunta un líder.
En los albergues, las casas al menos tienen una estructura acondicionada para una vida familiar (aunque no sea la mejor), pero en los asentamientos humanos, es decir donde las improvisadas viviendas estás hechas de plásticos que se sostienen con débiles palos, los moradores pelean por estructuras de zinc y madera, que les impidan sucumbir ante cualquier asomo de lluvia.
Ellos demandan además brigadas de salud, pues muchos no tienen Sisben y es fácil imaginarse los virus y enfermedades que se pueden generar en tal hacinamiento.
"Han hecho brigadas, pero dan fórmulas médicas que nadie puede comprar, entonces ¿cómo controlar las enfermedades?", asevera otro de los voceros de las JAC.
Ahora la Personería les informó que la energía deben comenzar a pagarla y esto no le agrada a una población que no tiene empleo.
Muchos también están descontentos por las formas como se han distribuido las ayudas que en un principio constaron de kits de cocina, arrobas de arroz, aceite, granos y colchonetas, "pero que hace cinco meses no llegan, por lo menos no a mi albergue", afirma Sonia*, una líder de Villa de Paz.
"A unos sectores nos niegan las ayudas porque no hemos hecho trabajo político con el alcalde de turno", sostiene Edwin Arroyave, líder de Altos de Andinas.
Al respecto Ana Julia Delgado Suárez, secretaria de Desarrollo Social de Girón, argumenta que recientemente el ICBF entregó 600 mercados de ayuda humanitaria "y nosotros fuimos los canalizadores de esa ayuda, verificando por supuesto con cédula en mano que la persona fuera una damnificada, porque la situación de estas personas se presta para toda clase de avivatos. De cualquier forma, no tenemos preferencias con nadie".
Amenazas
Es precisamente el censo, que se ha convertido en el eterno dolor de cabeza para las comunidades y las autoridades, el que ha propiciado una situación que los líderes de la Juntas de Acción Comunal denuncian al unísono.
"Casi todos hemos recibido amenazas, porque resulta que la gente quiere acceder a los mercados que no les corresponden, gente que no era del barrio llega a pedir y luego dice que la discriminan. Es gente que no está en el censo, pero quiere aprovecharse", subraya Sonia.
Es así como reciben auxilios en un asentamiento y luego aparecen en otro pidiéndolos de nuevo; la negativa de los líderes a quitarle la ayuda a los reales damnificados de la fiereza de las aguas, les ha valido llamadas telefónicas intimidantes, y papeles amenazantes por debajo de los ranchos, en los que les exigen renunciar a sus investiduras.
"Pero vivimos con eso: Ninguno de nosotros va a renunciar porque estamos es peleando por nuestra comunidad", sentencia un líder.
"Nosotros queremos apuntar a una intervención psicosocial y a reconstruir el tejido, porque con las campañas no basta. Lo que hay que recuperar es la dignidad", puntualiza el padre Osorio Toloza.
